Seguramente ya sabés que el Colegio se propone presentar ante el Congreso un anteproyecto de reforma de la ley 20.305. Está circulando mucho material y opiniones sobre el tema, y conviene que todos estén enterados y puedan tomar parte, o por lo menos sepan lo que está en juego.
Para la aprobación del anteproyecto se convocó a una asamblea extraordinaria el pasado 23/11. Surgió allí un debate intenso, tanto que se acabó el tiempo y la asamblea pasó a cuarto intermedio, la nueva convocatoria es para el próximo jueves 16 de diciembre a las 18:00 (en la misma sede, Sarmiento 1867).
Hubo a grandes rasgos dos posturas en ese encuentro: quienes querían pasar directamente a tratar los artículos del proyecto, y quienes (me incluyo) queríamos entender los fundamentos del proyecto en sí: básicamente, ¿por qué y para qué se propone la reforma? ¿Para subsanar qué defectos de la ley actual? ¿Para obtener qué beneficios? ¿Se han evaluado las posibles consecuencias? ¿Y el escenario político en el que se va a lanzar?
Nuestra ley, por ejemplo, presenta una curiosa combinación de jurisdicciones: por ella se creó nuestro Colegio, con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene alcance nacional, y por eso la IGJ, la AFIP y demás organismos nacionales están obligados a exigir documentación traducida por traductores matriculados en el CTPCBA. Es un punto vulnerable, ¿resistirá ser puesto bajo la lupa?
Por otro lado, una vez abierta la ley a debate, habrá grupos de presión que intentarán influir. Pienso en las entidades privadas y organismos diplomáticos que preferirían gestionar sus asuntos sin tener la obligación legal de recurrir a traductores públicos, o los traductores sin título habilitante para hacer traducciones con carácter oficial. ¿Quizás la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se interese en que esta pase a ser una ley municipal? En el seno del Congreso, además, podrían surgir propuestas alternativas, que estarían totalmente fuera del control del CTP.
Un detalle (¿menor?): el proyecto se propone cambiar la forma de renovación de las autoridades, disminuir el peso de las minorías en el Consejo, habilitar la reelección y establecer el voto obligatorio (¡!). ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito?
¿Y por qué es necesario aprobar este anteproyecto con tanto apuro? Una comisión interna trabajó 2 años en él, y hubo fuerte disenso interno, pero los miembros disidentes apenas pudieron hacerse oír en la asamblea, a la que se le pedía que resolviera en tiempo record. Se actúa como si exponer la ley a un debate público y abierto fuera un gesto exento de riesgos, cuando los riesgos existen y no son nada desdeñables.
Todas estas cuestiones no fueron sometidas en ningún momento, por ningún medio, ni antes ni ahora, a la consideración de los matriculados. Esta asamblea extraordinaria era la ocasión para reflexionar y debatir sobre ellas, pero hubo colegas que opinaron que plantearlas era “perder el tiempo”.
El diálogo no fue fácil. El CD contó con una leve mayoría entre los asistentes, que no le bastó para lograr la aprobación del proyecto a libro cerrado, como tal vez se proponía, pero sí para acallar y suprimir el debate de fondo que un buen número de colegas intentó plantear.
Es posible que en la asamblea del jueves 16 el debate también sea agitado, pero pienso para mí que es necesario asistir, porque la alternativa es dejar que otros tomen por nosotros decisiones que van a acarrear consecuencias que pueden ser importantes, y tal vez lo lamentemos después. El intercambio de ideas es posible si los que no pretendemos otra cosa que decir lo que pensamos y escuchar lo que otros piensan, para después decidir en consecuencia, estamos allí en número suficiente.
Si te parece oportuno, podrías ayudar a difundir estas cuestiones que hoy están sobre el tapete, para que el mayor número posible de colegas esté informado y no quede al margen de las decisiones, cualquiera sea su postura u opinión.
